Denuncian a Mahárbiz por irregularidades en su gestión

Treinta y una personas, vinculadas a las entidades del cine argentino, denunciaron ayer ante el juez federal Claudio Bonadío una serie de irregularidades que involucran al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y a su actual director Julio Mahárbiz. Según el escrito presentado en el Juzgado Federal 11, estos hechos podrían configurar los delitos de violación de los deberes de funcionario público y/u omisión de deberes y/o malversación de caudales públicos y/o falsedad ideológica.De prosperar esta denuncia, la causa seguiría adelante independientemente de la renuncia, pedida por las entidades del cine, de Julio Mahárbiz a su cargo de director del INCAA. Lo que reclamamos es la investigación de los hechos presentados. Aquí hay pruebas sobre posibles delitos penales que, seguramente, no involucran sólo a Mahárbiz, dijo a Clarín el abogado Julio Raffo. Entre los firmantes, figuran los directores Luis Puenzo, Marcelo Piñeyro, Adolfo Aristarain, Lita Stantic, Beda Docampo Feijoó, Tristán Bauer.Los hechos denunciados son:No aplicación de los fondos destinados a subsidios a la finalidad establecida por la Ley de Cine.Incompatibilidad de las funciones del señor Mahárbiz con su actividad y su contrato con ATC.Y señala, además, las siguientes iregularidades:En la administración y aplicación del Fondo de Fomento Cinematográfico en el ejercicio 1997.En el Funcionamiento del Comité de Créditos. El escrito dice que las decisiones de este Comité deben ser independientes. Y demuestra que sus actuales miembros tienen otra función remunerada dentro del INCAA con sueldos de hasta 6.000 pesos que les quita independencia.En la contratación de las salas del Complejo Tita Merello y del gasto realizado para reacondicionarlas. Aquí dicen que se contrató estas salas sin licitación y deshechando ofertas mejores.En la adquisición de negativos sin valuación, sin precio y sin necesidad ni conveniencia. Refieren a la compra de los derechos de los negativos de El Santo de la espada y Martín Fierro sin haberlos tasado. Se desprende del escrito que la compra saldó la deuda que mantenían con el Instituto los productores Pablo y Javier Torre (alrededor de un millón de pesos).En el préstamo para la realización de un guión cimematográfico. Se refiere a los 50.000 pesos otorgados a Raúl Rufino de La Torre para escribir un guión.En el ingreso de impuestos.En el contrato INCAA-ATC, por el que ATC se comprometía a 300 segundos de publicidad valuados a $ 15 el segundo. Se denuncia que no se vio promoción del cine argentino a cargo de ese contrato.En la realización del Festival Internacional de Mar del Plata.En la constitución del Consejo Asesor (órgano que debe controlar al Director)En los créditos industriales.En la concesión de los subsidios.En la asignación de películas por coparticipación.En el contrato de la U.T.E. Datco-Tecnocontrol. El objetivo original era mejorar la recaudación del INCAA. La contratación, dice el escrito, fue suspendida en 1994. Pero el Sr. Julio Mahárbiz la formalizó cambiando su objeto: con el nuevo acuerdo, las empresas adjudicatarias procesan en lugar de controlar. Así, el control lo paga el INCAA: 215.000 pesos por mes.Para Pablo Rovito, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales y uno de los firmantes, la denuncia penal tiene un motivo claro. Un empleado del Instituto es un funcionario público. Entonces, no se puede manejar como si fuera una empresa privada. Por eso cumplimos con el derecho cívico de pedir una investigación. Y esto es independiente de su renuncia. Porque si al frente del Instituto colocan a un troglodita, es bueno que sepan que las cosas no se resuelven con una renuncia.