Santo Domingo;- Participación Ciudadana y el postulante perremeísta a la Presidencia,
Luis Abinader, criticaron duramente ayer la intervención de ministros y
otros altos cargos activos del gobierno, y el presunto uso de recursos
del Estado en la precampaña electoral de Gonzalo Castillo, que
enfrentará al expresidente Leonel Fernández en las primarias del 6 de
octubre, donde será escogido el candidato presidencial de este ente
político para las elecciones de 2020.
En efecto, el movimiento cívico reclama que todos los funcionarios
que participan en esta campaña “tomen licencia o renuncien de sus
funciones”, mientras Abinader juzga “un abuso” que funcionarios del
gobierno coordinen la campaña política de Gonzalo Castillo.
En relación con el mismo tema, Abinader escribió en su cuenta de
Twitter que el expresidente Fernández no está calificado para denunciar
a Gonzalo Castillo, porque “él, igualmente, abusó de los recursos del
Estado”.
Abinader aseguró que su proyecto político está en su mejor momento,
tanto para las primarias del próximo 6 de octubre como para las
elecciones del 2020, indicando que la gente “está cansada del PLD y
demanda un cambio”.
Respecto a la reacción de Participación Ciudadana, liderada por
Carlos Pimentel, esta llega a poco de conocerse la integración de
dirigentes de alto nivel del peledeísmo; entre estos, figuras del Comité
Político, en pleno desempeño, unos de funciones públicas relevantes, y
otros en cargos menores haciendo de coordinadores provinciales de la
campaña del extitular de Obras Públicas.
La Ley 41-08 de Función Pública, advierte la entidad, “es muy clara
en su artículo 80, numeral 13, al prohibir a los funcionarios públicos
‘servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en
consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos
partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar
fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los
bienes y fondos de la institución”.
Además, agrega, “la Ley de Función Pública, en su artículo 79,
establece que es deber del servidor público cumplir la jornada de
trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y
honesto de sus funciones”.
También señala que la Ley de Partidos Políticos prohíbe a los
funcionarios o empleados del Estado el uso, en cualquier forma y de
cualquier título de recursos del Estado, y faculta a la Junta Central
Electoral a “tomar medida cautelar respecto a cualquier bien o para
hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos del Estado,
pudiendo procurarse para ello el auxilio de la fuerza pública”.
Participación Ciudadana expone que a través de del programa de
Observatorio Electoral han podido contactar que “el uso de los recursos
del Estado en beneficio del precandidato Gonzalo Castillo ha llegado a
niveles intolerables, al involucrar a los titulares de los principales
ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales con
tareas electorales territoriales que implican una clara violación a la
Ley de Función Pública y a las nuevas leyes de partidos y de régimen
electoral, lo que obliga a la JCE a tomar medidas drásticas para
restablecer la equidad y el respeto a las leyes violentadas con el uso
de recursos públicos”.
Los ministerios.
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